Los gobiernos deben promulgar leyes y políticas sólidas, que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres y pongan fin a la violencia de género. Con el objetivo de eliminar la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niñas, nuestra organización emprende acciones de incidencia política en todos los niveles. Pedimos leyes y políticas que faciliten el acceso a la justicia, que se centren en la demanda sexual y garanticen que las mujeres y las niñas sean libres de la violencia y la explotación inherentes al comercio sexual. Aunque CATW reconoce que los hombres, los niños y las personas no binarias también son víctimas de este tipo de delitos, nuestros esfuerzos se dedican a las mujeres y las niñas, ya que constituyen la inmensa mayoría de las víctimas de trata.
Desde nuestra fundación en 1988, hemos luchado para que dichas leyes y políticas se basen en los principios de los derechos humanos codificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y en los convenios internacionales que abordan la violencia contra las mujeres y las niñas, la trata de personas y la explotación sexual. Por ejemplo, en 1999, cuando el Comité ad hoc de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la elaboración de una Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional comenzó a redactar un protocolo contra la trata, participamos en el proceso de consulta, que tuvo lugar en Viena. Unimos fuerzas con otras 140 organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes en los debates, para formar la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH). Gracias a una labor de incidencia política y a la creación de coaliciones, desempeñamos un papel decisivo en la defensa de las disposiciones clave del “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, adoptado por la Asamblea General de la ONU en el 2000.
Veinte años después, seguimos abogando —y seguiremos haciéndolo— hasta que todas las jurisdicciones apliquen plenamente el Protocolo de la ONU contra la trata de personas en sus leyes y políticas nacionales. Esto incluye la definición de trata de personas reconocida internacionalmente en el artículo 3. Los gobiernos también tienen la obligación de desarrollar políticas y medidas educativas que aborden eficazmente la demanda, que está en la raíz de todas las formas de trata de personas (artículo 9.5). Para nosotras, como organización dedicada a acabar con la trata y la explotación sexual en mujeres y niñas, esto significa trabajar tanto en medidas legislativas como políticas para poner fin a la demanda de prostitución que sostiene el comercio sexual e incrementa la trata con fines sexuales, garantizando, al mismo tiempo, que las víctimas reciban acceso a los servicios disponibles y no sean criminalizadas por su propia explotación.
El Modelo de Igualdad
En el centro de nuestro trabajo está la convicción de que todas las mujeres y niñas merecen vivir sus vidas libres de violencia y explotación. Esto solo será posible cuando ninguna mujer o niña sea víctima de trata o explotación, ni sea prostituida en el comercio sexual. Con miras a cumplir este objetivo, pedimos a los gobiernos que apliquen un marco jurídico basado en los principios fundamentales de la igualdad y los derechos de la mujer. Este modelo garantiza que las mujeres y las niñas tengan oportunidades de sobrevivir y prosperar, mientras que los explotadores y los compradores de sexo deban rendir cuentas por el daño que causan. Promulgado por primera vez en Suecia (1999), el Modelo de Igualdad (que también se lo conoce como Modelo Sueco o Nórdico):
– Despenaliza solo a las personas que son compradas y vendidas en la prostitución.
– Proporciona servicios integrales a las personas prostituidas y les ofrece opciones si desean abandonar el comercio sexual.
– Penaliza a los proxenetas, a los propietarios y encargados de burdeles y a otros terceros explotadores.
– Penaliza la compra de actos sexuales como medio clave para frenar la demanda de prostitución.
Países que han aprobado el Modelo de Igualdad
Junto con nuestra labor de promoción de leyes y políticas sólidas contra la trata a todos los niveles, colaboramos con los responsables de la toma de decisiones (locales, estatales y nacionales) de todo el mundo en la legislación que regula la prostitución y otras formas de explotación sexual. A través de la defensa legislativa, pretendemos crear un mundo en el que ninguna mujer o niña sea comprada o vendida.